Ps. Rodrigo Silva Valdivia.
Mg© Psicología Educacional

La educación en Chile hace ya mucho tiempo se encuentra en la agenda pública. Fue desde los movimientos estudiantiles del año 2005, la llamada “Revolución Pingüina” que poco a poco el tema de la educación, su mejora en cuanto a calidad, equidad y accesibilidad comenzó a estar presente en discusiones parlamentarias, campañas presidenciales y programas de gobierno.

Sin duda hablar de educación pública, laica, gratuita y de calidad, puede parecer ya una frase trillada, pero es eso en definitiva a lo que aspiran el conjunto de reformas que en los últimos años han copado la agenda pública en lo referido al tema. Hablar de la educación como un derecho, más no como un bien de consumo, marca la diferencia sobre cuál es el rol y la visión del Estado en tan importante asunto.

La ley 20.845 de Inclusión Escolar, vino a dar respuesta a al menos 3 ejes puntuales de acción en lo referido a la educación escolar a saber. 1) Fin al lucro por parte de las entidades sostenedoras de colegios particulares subvencionados, traspasando la administración de estos a corporaciones educacionales. 2) Eliminación de los procesos de selección arbitraria de alumnos por parte de los establecimientos educacionales, asegurando con ello la posibilidad de acceso para cualquier alumno. 3) Término de los cobros adicionales o copago en los establecimientos subvencionados. Agregando a ello un aumento del aporte estatal por cada alumno matriculado.

Según datos entregados por el Ministerio de Educación, al finalizar el año 2017, cerca del 96% de los establecimientos particulares subvencionados habían realizado los trámites para constituir una corporación educacional sin fines de lucros, y con ello, poder administrar los colegios de acuerdo a las modificaciones que plantea la Ley. Con estos datos se echa por tierra aquellas cifras alarmistas que hablaban de una crisis en el sistema educativo producto del cierre de muchos colegios o el paso a particulares pagados de aquellos en los cuales existía un determinado copago.

Más allá de estas cifras, de las críticas a la manera en que la reforma educacional está concebida y como se abordan los temas centrales planteados anteriormente. La Ley 20.845 supone un importante desafío para los padres y apoderados de alumnos perteneciente al sistema educativo. Esto, en la medida que existe un cambio en el rol que se espera, ellos jueguen en la educación de sus hijos.

Desde un punto de vista general, hoy en día cada padre, madre o apoderado tiene la absoluta libertad de elegir el establecimiento educacional que mejor representa sus ideales o concepciones sobre el tipo de educación que debiesen recibir sus hijos. Lo anterior implica un ejercicio para la toma de conocimiento y revisión de los diferentes Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de cada colegio de su interés, pues al ser esta una elección libre, se espera también que una vez seleccionado el colegio tanto el alumno como sus padres adhieran a dicho proyecto y se comprometan con sus acciones. La libertad de elección entonces trae aparejado una responsabilidad de información y compromiso para con el colegio.

En mis años de ejercicio profesional asociado a la educación, he podido comprobar que en muchos casos la toma de decisiones en lo que a un colegio respecta, no se realiza ni por la calidad del Proyecto Educativo, ni por la revisión de los antecedentes en el sistema de medición de la calidad de la educación (SIMCE). La decisión de matrícula en un Colegio pasa principalmente por la cercanía de este al domicilio del niño, (entre más cerca mejor) y por la funcionalidad en cuanto a horarios en relación a la vida familiar, por ejemplo padres que trabajan y necesitan que sus hijos estén hasta determinada hora en el colegio. así entonces, destro de la gama de colegios que estén en la cercanía elegiré el colegio que mejor cumplas dichos requisitos, por sobre otros que no lo cumplan.

Lo anterior supone entonces un cambio de paradigma en el rol de padres; Pues, mayores derechos traen consigo aparejado sin duda mayores responsabilidades, principalmente en la toma de una decisión tan importante como la elección de un Colegio. La información es poder, y mientras mayor sea el grado de conocimiento que el apoderado tenga del colegio, mejores decisiones podrá tomar. Y a la vez sentirse mucho más vinculado y partícipe de la educación de sus hijos.

Este rol más participativo y activo no debiese solamente restringirse a la elección de un colegio, pues una vez ya matriculado el alumno, existen diversas instancias de participación que deben ser conocidas y aprovechadas por los padres y/o apoderados. Me detengo un minuto aquí, para hacer notar una diferencia fundamental en el rol de los padres para con el nuevo modelo educativo. En el sistema anterior, un apoderado que cancelaba un determinado monto a un establecimiento, con el cual suscribía un contrato para la prestación de servicios, era finalmente un cliente que esperaba recibir un servicio como en cualquier otro establecimiento comercial, sintiéndose además con la potestad de reclamar cuando ese servicio no cumplía sus expectativas. (Obtención de bajas calificaciones, repitencia de curso, o simplemente no estar de acuerdo con una práctica docente). Ahora el apoderado tiene la obligación de revisar previamente dichas situaciones y libremente decidir si adhiere o no a ellas. Deja de ser un “cliente” para transformarse en un actor participativo del proceso educativo.

Las instancias para dicha participación existen y deben ser aseguradas y promovidas por todos los establecimientos educacionales, estas incluyen por ejemplo: El Consejo Escolar, los Centros de padres y apoderados, las Directivas de cada curso, además de la interacción con los distintos reglamentos y protocolos con que los colegios deberían contar.

El reglamento de convivencia escolar y sus respectivos protocolos de acción, por ejemplo, son instrumentos que permiten organizar la manera en las cuales las relaciones entre los distintos miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, alumnos y apoderados) se relacionan. Establece acciones para asegurar el buen trato, la comunicación y participación de todos ellos. De ahí la importancia en que el apoderado los conozca, sepa cómo se aplican y participe en las instancias de reflexión y análisis.

Este enfoque de derecho, con mayor participación y responsabilidades supone también nuevos desafíos para todo el sistema educativo, los cuales sin duda apuntan a mejorar la calidad de la educación, como el resultado de una multiplicidad de factores. Hemos avanzado hacia una educación más inclusiva y democrática, cuyo éxito depende del compromiso y participación de todos los actores, entre los cuales los padres, y apoderados juegan un rol fundamental, el cual debe adecuarse a las nuevas exigencias y desafíos que el sistema necesita y espera de ellos.